MAFIA PARAESTATAL | El doble sueldo «fantasma» de José César Díaz no es un episodio aislado. El Tribunal de Cuentas de Tucumán lo declaró nulo con calificación de «desviación de poder», lo cuantificó en un perjuicio fiscal estimado superior a $700 millones y derivó las actuaciones al Ministerio Público Fiscal por «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público». La Gaceta —principal destinatario provincial de la pauta publicitaria de la Caja Popular y de las instituciones que conduce Carlos Cisneros— no publicó una sola línea en la semana siguiente al Acuerdo N° 1348. El silencio es la pieza más reciente del dispositivo que el diputado nacional y conductor de La Bancaria montó sobre la Caja Popular durante casi tres décadas: designaciones discrecionales sin concurso, primas multimillonarias por seguros sin póliza mientras se negaba la cobertura a familias de empleados muertos por COVID, sueldos pagados sin trabajo realizado, mercadería social desviada hacia campañas políticas, vínculos con la red histórica del juego ilegal junto a la familia Ale y al empresario Roberto Sagra, y una operación de hostigamiento al periodismo que documenta —cuatro acciones SLAPP contra eltucumano, pancartas callejeras y la marcha del 7 de mayo de La Bancaria con consignas dirigidas a periodistas y al juez Paz Almonacid, ninguna contra los acusados de la denuncia que la marcha decía defender—. La definición clásica de mafia describe una organización criminal jerárquica que opera con código de silencio, vínculos de parentesco, infiltración en la economía legal y en la política, y uso de la intimidación contra quienes la documentan. El cuadro que esta serie viene registrando reúne todos esos elementos. El doble sueldo de Díaz que La Gaceta hoy oculta a sus lectores es uno más.