La reunión fue convocada para este miércoles, con el fin de emplazar a las Comisiones y disponer de un programa para lograr dictamen en Morosidad y Discapacidad, aunque desde el Gobierno de Javier Milei plantearon el rechazo.
Como se mencionó previamente, Diputados buscará avanzar con los proyectos de morosidad y la emergencia en discapacidad. Y ese punto, la oposición se plantó hace unas semanas y convocaron a una sesión para este miércoles para así evitar que estos proyectos se queden sin tratamiento legislativo.
Hay que decir que, hace una semana La Libertad Avanza (LLA) rechazó este debate en el recinto, pero, de todos modos, abrió la Comisión de Finanzas que la encabeza el Legislador libertario, Santiago Pauli, quien recibió a sus pares con un cronograma. El Diputado dispuso que haya dos reuniones informativas adicionales. En primer término, será mañana por la tarde, en resumen, un día antes de la sesión que solicitó la oposición y la otra para el miércoles de la semana próxima. Una vez finalizados estos encuentros, LLA convocó a otras dos reuniones: el día 23 de septiembre y la otra el 30 para obtener dictamen. El Diputado Pauli se comprometió a trabajar para la unificación de los giros.
Pero, diversos bloques opositores rechazaron este cronograma y ratificaron la sesión para este miércoles, que, de por sí, no tendrá como fin aprobar esas iniciativas. Los bloques díscolos buscarán que esto se emplace a Comisiones y además fije una fecha para tener dictamen sobre morosidad y la emergencia en discapacidad.
Del mismo modo, los bloques disidentes acusaron al oficialismo y a los Legisladores dialoguistas de dilatar el tratamientos de estos proyectos, en definitiva, intentar resolver la problemática de morosidad.
«Aprendieron los peores vicios de lo que denominan casta política. Esto es una maniobra para ganar tiempo», sostuvo la Diputada de Unión por la Patria (UXP), Cecilia Moreau. Y añadió: «esta Cámara tiene que legislar para dar una respuesta sobre la emergencia que afecta a millones de argentinos y el Gobierno lo niega sistemáticamente», esgrimió.
Las chicanas entre el oficialismo y la oposición
Tras esto, arribó la respuesta de la Legisladora del PRO que se convirtió en libertaria, Laura Rodríguez Machado, quién manifestó que era necesarios sumar a la jornada de oradores «a los sindicalistas y las financieras». Y las consecuencias fueron un griterío en la sala, donde la frase que más se oyó fue «quieren seguir dilatando el debate».
La Diputada del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman continuó en la lista de oradores y expresó que le llamaba la atención «que arranque la Comisión con un cronograma que es más largo que la Copa Libertadores». «Ratificamos la sesión del 9 de septiembre y que vengan con un cronograma que llega hasta Navidad es una tomada de pelo. Pedimos suspender los pagos, es urgente declarar la emergencia y suspender los cobros».
Mientras que por tercer sector de los díscolos que impulsa la sesión de este 9 de septiembre, Unidos, tomó la palabra el Legislador Pablo Juliano, quién también calificó el llamado a esta Comisión Informativa y el cronograma como una «tomada de pelo». «Hace una semana pedí tratar el tema y el oficialismo y sus socios se negaron. Y en esta discusión hay un gran ausente que es la Comisión de Defensa del Consumidor. Es un tema que no tiene una sola salida pero que es transversal».
Y es que el Diputado radical reiteró que van a ir al recinto. «No somos estúpidos, tenemos más de 40 proyectos. Lo que vamos a hacer el 9 de septiembre es darnos un cronograma que termine en una sesión y una sanción, no en una tomada de pelo».
Posteriormente a estos planteos iniciaron los oradores invitados por LLA, la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO que hicieron un breve repaso de la problemática, pero no dieron ningún tipo de solución.
Los proyectos que presentaron Diputados y Senadores
Hay que decir que los más de 40 proyectos que están en las dos Cámaras proponen, entre otras cuestiones, que se modifique el Artículo de la Ley de Contratos de Trabajo sobre la inembargabilidad de las cuentas sueldo, declarar la emergencia crediticia de las familias endeudadas y crear un régimen especial de saneamiento y alivio financiero para los deudores.
Por otro lado, ante el reclamo de los distintos sectores de la oposición para que haya medidas de alivio y prevención de la creciente morosidad familiar, el Gobierno de Javier Milei dijo en reiteradas oportunidades que no va a intervenir ya que, según su mirada, que, en simultáneo se replicó en el resto del Gabinete, se trataría de un problema entre privados, que la solución la debe encontrar el mercado.
De todos modos, hace algunos días se dio a conocer estimaciones privados que sostuvieron que la irregularidad del crédito que las entidades financieras le otorgan al sector privado subió en julio. Y ante a presupuestos familiares cada vez más exigidos y la imposibilidad de afrontar los compromisos en fecha, el sistema activó una ola masiva de reestructuraciones: es decir, los hogares ya refinanciaron deudas por $2,6 billones de pesos, algo inédito en décadas.
Este informe surge de la Consultora 1816, que se se basó en datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU). De acuerdo a sus cálculos, la morosidad total del sector privado trepó de 7,6% a 7,73% en julio. Las alertas rojas están puestas en el consumo, ya que las moras de las familias ascendió a 12,9%, y la de las empresas aumentó a 3,61%.
La problemática de la morosidad
Por otro lado, la comparación con el pasado reciente refleja la velocidad del deterioro, debido a que en octubre del 2024, la irregularidad en los hogares era de apenas 2,5%. Este fenómeno es transversal: aumentó en 23 de los 30 principales bancos de la Argentina.
Y para aliviar el impacto, el sistema recurrió a un volumen récord de refinanciaciones, que ya significa el 3,7% del saldo total que se prestó a los hogares.
Entre tanto, el panorama es más delicado fuera del circuito bancario tradicional. En las entidades financieras de crédito, segmento que lidera Mercado Pago y Tarjeta Naranja, concentra el 54% de ese mercado, y la tasa de morosidad alcanzó el 33,69%.
Si se consolida todo este ecosistema, hay 5,9 millones de personas con atrasos mayores a 90 días sobre un padrón de 20,9 millones de deudores, lo que en otras palabras significa que el 28% que esta sujeto a créditos de la Argentina está en situación irregular. Solo la mitad debe menos de $626.000 mil pesos, cifra que parece acotada, pero pesa con fuerza ante ingresos deprimidos: el 50% de la población ocupada gana menos de $800.000 mil pesos al mes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Por último, a pedido del Diputado radical, Pablo Juliano, la sesión especial se convocó para este miércoles en la Cámara Baja este miércoles 9 de septiembre, a las 12 del mediodía; y la pulseada este entre el oficialismo y la oposición.
