Este proyectó logró 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. La Libertad Avanza (LLA) contó con el apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. Ahora irá al Senado.
Ayer antes de las 20 horas, Diputados dio media sanción al proyecto de baja en la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. Hay que decir que, la edad bajó de 16 a 14 años. De todos modos, esta iniciativa la impulsó la Senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y la misma (iniciativa) obtuvo 149 votos afirmativos, 100 en contra y ninguna abstención. Acompañaron a los libertarios, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Provincias Unidas, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz.
Por otro lado, el bloque de Unión por la Patria (UXP) votó homogéneamente en contra de este proyecto. Es más, sumo a los Diputados de Elijo Catamarca, que justamente responden al Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Sin embargo, cuando llegó la hora de votar en particular, los Legisladores del Frente Renovador (FR) aprobaron la baja en la edad de imputabilidad. De acuerdo a lo que trascendió, buscaron «respetar la posición histórica del espacio», que en el año 2015, presentaron un proyecto del Código Penal que bajaba la edad de imputabilidad a los 14 años.
De todos modos, este nuevo régimen penal juvenil no sólo dispone de una baja en la edad de imputabilidad a los 14 años, sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para los delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Mientras que habrá una serie de penas alternativas para aquellos delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, ya sea: amonestación, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima, servicio comunitario, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición para conducir vehículos.
Creación de institutos
Según lo que está en esta iniciativa, se va a hacer hincapié a la creación de institutos especiales, donde los menores tendrá garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento para las adicciones. Y de todas maneras, todos aquellos que formen parte de estos institutos deberán estar capacitados en infancia y adolescencia. También queda terminantemente prohibido la convivencia con detenidos mayores.
Al mismo tiempo, queda habilitada la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para las infracciones leves, con la intervención obligatoria de todas las partes y expreso consentimiento de la víctima.
Por su parte, el otro punto de este proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas en el proceso penal juvenil. Esta Ley informa que la víctima debe ser escuchada, informada, a contar con patrocinio legal, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, añadiendo mecanismos restauratorios cuando correspondan.
Cuando comenzó el debate, la Legisladora de LLA, Laura Rodríguez Machado expresó que la Ley que se sancionó en 1980, «no previene, no resocializa y no repara», como tampoco da respuestas a las víctimas, y manifestó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió, pero nunca se reflejó en una normativa específica.
Hay que decir que la miembro informante que además preside la Comisión de Legislación Penal fue la encargada de llevar adelante las negociaciones el año pasado, también subrayó que el régimen actual pone a muchos jóvenes «en un limbo», sin un debido proceso ni políticas de resocialización, donde además advirtió que esa situación beneficia a las organizaciones criminales.
El consenso con todos los bloques
Al mismo tiempo subrayó que el amplio consenso con los sectores de la oposición se pudo lograr gracias a un año de trabajo en un plenario de cuatro Comisiones, con más de veinte proyectos que se analizaron y las conversaciones con treinta especialistas en la materia.
Entre tanto, el peronismo salió al cruce de este proyecto por no abordar la problemática desde un enfoque integral. «La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad», precisó el Diputado Juan Grabois. En ese sentido, planteó que el punto de debate tendría que estar puesto en la salud mental y el consumo problemático, además reclamó herramientas para la internación de los adolescentes en situaciones críticas. «Las madres de los barrios piden un lugar de confinamiento, por lo menos hasta que se desintoxiquen», esgrimió.
«¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de los médicos, no tener centros deportivos, etc?», se preguntó el Legislador de UXP, Juan Carlos Molina.
«No va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos. Para las víctimas. La gente de su barrio, cuadra y municipio, que un joven que cometió un delito grave no puede volver. No pueden quedar impunes. ¿Hablan de un Estado presente? Esto es una función prioritaria del Estado», manifestó el Diputado libertario, Santiago Santurio.
La financiación del proyecto
Hay que decir que en los palcos habían familiares víctimas del delito cometidos por menores, como Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas por una joven de 16 años en la Provincia de Santa Fe. También asistieron Viviam Perrone, Isabel Yaconis de ‘Madres del Dolor’, Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia (abuela de Uma Aguilera), la familia Sperani de Córdoba (padres de Joaquín Sperani), Laura Fernández de USINA de Justicia (madre de Lara Fernández), Guillermo Bargna (padre de Soledad Bargna) y Marcos Rodríguez (padre de Kim Rodríguez).
Mientras que la última versión del proyecto, el oficialismo incorporó un artículo que está destinado a los fondos de esta iniciativa: En total serán $23.739.155.303, que se van a repartir $3.131.996.784 para el ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. Este agregado se añadió luego de que los Gobernadores amenazaran con no acompañar la iniciativa si todos los costos los financiaba las Provincias.
«La baja de la edad de punibilidad a los 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: Sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad», indicó el Diputado Miguel Ángel Pichetto.
Mientras que las Provincias plantean que los mayores costos del nuevo régimen no están representados en los gastos ni en infraestructura, sino en los gastos corrientes, que significa tener personal capacitado y equipos multidisciplinarios que puedan tener a los menores que delinquen.
Los menores que delinquen no pueden convivir con los convictos mayores
Previo a la votación, la Legisladora libertaria, Rodríguez Machado explicó que la redacción de algunos artículos de ajustó para que «no se preste a confusión» la prohibición total de que los menores sean detenidos en el mismo lugar de los convictos mayores de edad.
Por último, la votación tuvo 149 votos afirmativos, 100 votos en contra y ninguna abstención, y por lo tanto, LLA se muestra confiado y optimista en que el Senado aprobará la iniciativa antes de que terminen las Sesiones Extraordinarias.
