La intervención del Banco Central dejó fuera de servicio a una de las principales entidades financieras del país y congeló los depósitos de millones de usuarios. Las irregularidades en el otorgamiento de créditos, la exposición de fondos jubilatorios, la detención de directivos y los vínculos empresariales del presidente Santiago Peña ampliaron el impacto económico y político del caso.