En el amparo de una jubilada cuyo marido padece una grave discapacidad motriz, el tribunal resolvió que el Ejecutivo no acreditó motivos excepcionales para legislar y le prohibió a una prepaga subir la mensualidad sin aval de la Superintendencia.
En el amparo de una jubilada cuyo marido padece una grave discapacidad motriz, el tribunal resolvió que el Ejecutivo no acreditó motivos excepcionales para legislar y le prohibió a una prepaga subir la mensualidad sin aval de la Superintendencia.
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